¿Otra irregularidad más?

Cuando era inminente la destrucción de la cúpula de Carabanchel, muchos nos preguntábamos ¿por qué tanta prisa? ¿Acaso no se podía esperar a realizar un estudio INDEPENDIENTE que certificase la estabilidad del edificio? ¿Por qué se dirigieron las máquinas directamente a dañar la cúpula? ¿Por qué no se discutió la posibilidad de mantener y rehabilitar esa construcción emblemática?

En aquellos momentos en que suplicábamos que se permitiera el acceso de una comisión de arquitectos y periodistas para que dictaminasen sobre la posibilidad de mantenimiento de una parte de la cárcel, el PSOE mandó "cerrar filas". Así, después de un tiempo en que no hubo declaración alguna, pudimos asistir a un rosario de intervenciones públicas, desde altos cargos del Partido como el Senador don Juan Barranco hasta representantes de asociaciones vecinales, "mayoritarias" según se autodefinieron, que justificaron la demolición completa de los edificios de la prisión, tanto por su estado de ruina como por la intención de que el proceso urbanístico se llevase a cabo con la mayor celeridad posible.

"Era indispensable que cuanto antes se iniciasen todos los trabajos de remodelación para que cuanto antes los vecinos pudiesen disfrutar de los futuros servicios de lo que era la antigua prisión de Carabanchel", declaraba entonces el Secretario General del Partido Socialista de Madrid, don Tomás Gómez.

Como ya hemos publicado aquí, después de que se arrasaran todos las construcciones de Carabanchel, la unica actividad que hemos podido ver es el cruce de acusaciones, habitual en la política de este país, en la que el PP culpaba al PSOE de la inactivad y el PSOE al PP. Vamos, como en un patio de colegio: "Tu más".

Finalmente, hoy, sorpresivamente, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el Plan Parcial correspondiente. Decimos sorpresivamente porque el Consistorio no se ha dignado contestar ninguna de los centenares de alegaciones presentadas y, por supuesto, no ha estimado tampoco ninguna de ellas. Desprecio a los ciudadanos, se llama eso.

Para lo que ha servido el Pleno celebrado ha sido para aclarar finalmente el motivo del retraso. Según parece, existe un problema legal para la cesión a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) de la titularidad del recinto por parte del Patrimonio del Estado, quien conserva aún esa titularidad.

Es decir, la SIEP todavía no es la titular del solar. Entonces,

¿CÓMO ES QUE PROMOVIÓ LA DEMOLICIÓN?

¿POR QUÉ ESE ORGANISMO DECIDIÓ LA URGENTE DEMOLICIÓN?

Si alguien conoce un abogado que quiera investigar...

Váyase, SIN DEmora

Cuando hace ahora justamente un año, Ángeles González-Sinde, sustituyó a César Antonio Molina como titular del Ministerio de Cultura, algunos nos acordamos del refrán «a cada cerdo le llega su San Martín». Aquel nefasto ministro pasará a la historia como cómplice necesario en la mayor agresión sufrida por el Patrimonio histórico, social y cultural ocurrido en la historia reciente de nuestro país: la demolición de Carabanchel, un edificio que, por su arquitectura, su pasado y sobre todo, por su posible futuro, debió ser conservado.

Algo parecía haber cambiado. Más aún cuando, meses después de su nombramiento, fulminó de sus despachos a los responsables más directos del expolio: José Jiménez, Director General de Bellas Artes (¿habrá algún día respuesta a la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural para el conjunto de Carabanchel?) y Luís Lafuente, subdirector general de Protección del Patrimonio (sic) cuya visita a Carabanchel seguimos esperando.

 

Lamentablemente, no es así. Seguimos sin tener respuesta a ninguno de los escritos que se enviaron, de forma agónica, al Ministerio de Cultura para que interviniera en el mantenimiento de los elementos más significativos de la cárcel antes de su demolición y, una vez derribada, para que velara por la conservación de los posibles restos arqueológicos existentes en el solar.

 

Las recientes noticias de los sucesos ocurridos en el barrio del Cabanyal, en Valencia, confirman la nula preocupación del ministerio respecto al patrimonio español. Sí, ya sabemos que –aparentemente- están defendiendo su conservación, pero repasemos lo ocurrido:

El Ministerio de Cultura, organismo teóricamente encargado de velar por la protección de ese patrimonio, FUE OBLIGADO por el Tribunal Supremo a que dictaminase si El Cabanyal merecía ser conservado o no. Es decir, la decisión no fue tomada por iniciativa del Ministerio.

 

También se nos dirá que la ministra ha visitado la zona y que ha manifestado públicamente su disposición a impedir, por vía judicial, que se produzcan más derribos (todos sabemos que para cuando la Justicia de este país llegue a una decisión, ya se habrá concluido la prolongación).

 

Incluso (ver noticia) considera "triste" que Valencia no quiera proteger su patrimonio. Aquí habría que recordarle que ese patrimonio valenciano es propiedad particular y, en el caso de las casas derribadas, son propiedad del ayuntamiento que está realizando la demolición. ¿Y no le parece “triste” lo ocurrido en Carabanchel, cuya propiedad pertenece al Estado y por lo tanto es gestionada por el Gobierno del que forma parte?

¿Y no le parece “triste” que ese mismo gobierno del que usted forma parte envíe a la policía nacional a “cargar sin piedad contra los vecinos” (titular del diario «Público») empleando la “brutalidad policial contra los manifestantes” (titular del diario “El País”) al masacrar a decenas de personas que estaban inermes, pacíficas y sentadas en el suelo protestando por los derribos?

En la próxima cumbre de Ministros de Cultura de la Unión Europea, ¿enseñará a sus homónimos europeos los vídeos cómo trata, a quienes defienden el Patrimonio Español, la Policía Oficial de la Presidencia Española?