Cuando hace ahora justamente un año, Ángeles González-Sinde, sustituyó a César Antonio Molina como titular del Ministerio de Cultura, algunos nos acordamos del refrán «a cada cerdo le llega su San Martín». Aquel nefasto ministro pasará a la historia como cómplice necesario en la mayor agresión sufrida por el Patrimonio histórico, social y cultural ocurrido en la historia reciente de nuestro país: la demolición de Carabanchel, un edificio que, por su arquitectura, su pasado y sobre todo, por su posible futuro, debió ser conservado.
Algo parecía haber cambiado. Más aún cuando, meses después de su nombramiento, fulminó de sus despachos a los responsables más directos del expolio: José Jiménez, Director General de Bellas Artes (¿habrá algún día respuesta a la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural para el conjunto de Carabanchel?) y Luís Lafuente, subdirector general de Protección del Patrimonio (sic) cuya visita a Carabanchel seguimos esperando.
Lamentablemente, no es así. Seguimos sin tener respuesta a ninguno de los escritos que se enviaron, de forma agónica, al Ministerio de Cultura para que interviniera en el mantenimiento de los elementos más significativos de la cárcel antes de su demolición y, una vez derribada, para que velara por la conservación de los posibles restos arqueológicos existentes en el solar.
Las recientes noticias de los sucesos ocurridos en el barrio del Cabanyal, en Valencia, confirman la nula preocupación del ministerio respecto al patrimonio español. Sí, ya sabemos que –aparentemente- están defendiendo su conservación, pero repasemos lo ocurrido:
El Ministerio de Cultura, organismo teóricamente encargado de velar por la protección de ese patrimonio, FUE OBLIGADO por el Tribunal Supremo a que dictaminase si El Cabanyal merecía ser conservado o no. Es decir, la decisión no fue tomada por iniciativa del Ministerio.
También se nos dirá que la ministra ha visitado la zona y que ha manifestado públicamente su disposición a impedir, por vía judicial, que se produzcan más derribos (todos sabemos que para cuando la Justicia de este país llegue a una decisión, ya se habrá concluido la prolongación).
Incluso (ver noticia) considera "triste" que Valencia no quiera proteger su patrimonio. Aquí habría que recordarle que ese patrimonio valenciano es propiedad particular y, en el caso de las casas derribadas, son propiedad del ayuntamiento que está realizando la demolición. ¿Y no le parece “triste” lo ocurrido en Carabanchel, cuya propiedad pertenece al Estado y por lo tanto es gestionada por el Gobierno del que forma parte?
¿Y no le parece “triste” que ese mismo gobierno del que usted forma parte envíe a la policía nacional a “cargar sin piedad contra los vecinos” (titular del diario «Público») empleando la “brutalidad policial contra los manifestantes” (titular del diario “El País”) al masacrar a decenas de personas que estaban inermes, pacíficas y sentadas en el suelo protestando por los derribos?
En la próxima cumbre de Ministros de Cultura de la Unión Europea, ¿enseñará a sus homónimos europeos los vídeos cómo trata, a quienes defienden el Patrimonio Español, la Policía Oficial de la Presidencia Española?
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